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¿Cómo reclamar casos de despido injustificados durante COVID-19?

Últimamente estamos recibiendo muchísimas consultas en torno a cómo reclamar casos de despido injustificados durante COVID-19. Y es que, pese a los esfuerzos del Gobierno por promover medidas que permitieran mantener el empleo, como los ERTES, muchas empresas están aprovechando la situación para deshacerse de parte de su plantilla.

También es cierto que algunas compañías están teniendo problemas para mantener su nivel de empleo en una situación crítica como la que atravesamos. Pero esto no es óbice para respetar los derechos de sus trabajadores.

De modo que si una empresa quiere romper una relación laboral, conforme nos recuerdan los abogados especializados en despidos de Barcelona, sus opciones son:

  1. Acreditar que concurre una causa objetiva, amparada por el Estatuto de los Trabajadores.
  2. Reconocer la improcedencia de su despido abonando al trabajador la indemnización correspondiente al romper el vínculo laboral.

Es importante destacar que en ningún caso se podrán invocar causas nulas para romper un contrato. De modo que si el despido es discriminatorio o vulnera alguno de los derechos fundamentales del trabajador, aunque quede amparado en alguno de los dos casos anteriores, siempre podrá impugnarse.

Vamos a analizar los diferentes casos de despido injustificados durante el COVID-19, así como las opciones y los derechos del trabajador.

Las particularidades del despido durante el COVID-19

El Gobierno ha hecho un esfuerzo para introducir medidas en el ordenamiento jurídico que mantengan el nivel de empleo durante la crisis por COVID-19. Un claro ejemplo de ello es la forma en que han quedado configurados los ERTES.

Los ERTES permiten suspender el contrato de trabajo, de modo que nin la empresa tiene que seguir pagando salarios ni el trabajador tiene que seguir prestando servicios. Su ventaja frente a un despido es que el trabajador conserva el derecho a volver a su puesto de trabajo.

Además, durante la suspensión podrá cobrar la prestación por desempleo. Cuestión en la que también ha incidido el Gobierno permitiendo que:

  1. La empresa no tenga que pagar las cotizaciones durante este período.
  2. El tiempo de prestación disfrutado no compute a efectos de la prestación total a la que pueda tener derecho el trabajador tras un despido real.

Pese a ello, son muchos los laboralistas que consideran que las medidas adoptadas han sido insuficientes. Y es que otra de las decisiones estrella ha sido impedir que las causas relacionadas con el COVID-19 pudieran amparar un despido objetivo.

Pero la medida se ha configurado de tal modo que hacerlo no anula el despido, sino que tan solo lo hace improcedente. Como resultado, las empresas pueden seguir despidiendo a sus empleados, siempre que les abonen la indemnización correspondiente al despido improcedente.

Los despidos durante el COVID-19

En definitiva, las empresas pueden seguir despidiendo a sus trabajadores durante el COVID-19 con total normalidad. La única particularidad radica en que si la causa de despido está relacionada con la crisis sanitaria, el despido se considerará improcedente.

También son improcedentes la práctica totalidad de los despidos durante la baja. Recordemos que en caso de ser discriminatorios resultarían nulos. Y recordemos también que un despido durante la baja puede ser procedente si se relaciona con causas legítimas.

Por ejemplo, son procedentes los despidos disciplinarios siempre que se basen en incumplimientos graves y culpables del trabajador. También son procedentes los despidos objetivos si se basan en las causas recogidas en el art. 52 del Estatuto de los Trabajadores y estas no son transitorias.

Los despidos tras el ERTE

Cuando la plantilla vuelva del ERTE, debe saber que cuenta con una especial protección. Esta cuestión no está estrictamente recogida en la Ley, sino que se basa en numerosa jurisprudencia nacional y comunitaria en torno a la regulación de empleo.

Y es que si la empresa extingue un contrato de trabajo alegando causas relacionadas con el ERTE se podría impugnar su decisión. La razón estriba en que si tales causas justificaron en su momento una regulación temporal de empleo (suspensión), no se puede elevar la gravedad de sus consecuencias a una regulación definitiva (despido).

Así, para que las causas que motivaron un ERTE puedan justificar posteriormente un despido, deberían agravarse lo suficiente como para justificar que las medidas laborales adoptadas se hagan permanentes. Y si tenemos en cuenta la situación actual, difícilmente aceptará un Tribunal que el escenario post-confinamiento es más grave que el que vivimos ahora.

Fuera de esta mayor protección, las empresas deben recordar que al solicitar el ERTE suscribieron un compromiso de mantenimiento del empleo por período de 6 meses. Por tanto, quebrar este compromiso puede suponer la obligación de:

  • Pagar todas las cotizaciones que haya abonado la Tesorería General de la Seguridad Social.
  • Abonar al SEPE la prestación que este pagó a los trabajadores con los contratos suspendidos.
  • Además, pagar a sus trabajadores la diferencia entre la prestación por desempleo recibida y el salario que les hubiera correspondido.

Todo ello sin perjuicio de las eventuales sanciones que le pudieran corresponder.

En definitiva, cada caso tendrá que resolverse individualmente, pero las empresas que hayan recurrido al ERTE se encuentran en un marco en que el despido de trabajadores puede ser verdaderamente antieconómico.

Cómo reclamar casos de despido injustificados durante el COVID-19

Ahora que hemos explicado la situación durante y tras el COVID-19 podemos explicar qué ocurre con los trabajadores a los que se les quiebre injustificadamente el contrato de trabajo.

En estos casos la persona despedida podrá impugnar su despido. El primer paso será presentar la papeleta de conciliación frente al SMAC, para llegar a un acuerdo. Si el acuerdo es inviable se tendrá que presentar la correspondiente demanda por despido. Recordemos que si el despido trae causas discriminatorias o se basa en una vulneración de derechos fundamentales ni siquiera será necesario presentar la papeleta de conciliación.

Tras la celebración del juicio, el juez calificará el despido como:

  • Procedente. En este caso se convalidarán sus efectos.
  • Improcedente. En este caso el empresario deberá optar entre:
    • Pagar la indemnización por despido improcedente, que es de mayor cuantía.
    • O readmitir al trabajador pagándole los salarios de tramitación.
  • Nulo. En este caso se producirá la readmisión automática del trabajador, con abono de los salarios de tramitación.

En cualquier caso, los plazos para reclamar casos de despido injustificados durante COVID-19 son muy reducidos. Por tanto, el trabajador debería contactar lo antes posible con un abogado laboralista.

En estos momentos hay muchos despachos que se están centrando en la impugnación de despidos por COVID-19. Nuestra recomendación es que a la hora de reclamar se acuda a este tipo de profesionales. Como has visto, el despido durante el COVID-19 presenta ciertas particularidades. Y el mejor modo de defender tus derechos es estar al día de todos estos detalles normativos.